El proceso de modernización social, política y económica de la Nación colombiana en los últimos años tiene como uno de sus pilares fundamentales la valoración, el reconocimiento y la protección de la diversidad cultural y biológica que caracteriza su población y territorio. Por lo tanto,  los desarrollos legislativos,  las políticas internas y externas y en general la estructura legal y administrativa del país se vienen ajustando a

partir de 1991, año en que fue promulgada la Constitución Política actual. Esta situación ha orientado el diseño de una normatividad especial para los grupos étnicos que abarca todos las esferas de acción del Estado contemporáneo: desde la organización político administrativa del país, la estructura jurisdiccional, los modelos educativos y de salud, hasta la formulación, implementación y seguimiento de los planes locales, regionales y nacionales de desarrollo

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