En cumplimiento de este juramento, el pasado 21 de junio, una vez conocidas las graves consecuencias que tendría la aplicación del texto final de la reforma a la Justicia, tomé la decisión –como se los dije esa noche– de devolverla al Congreso con objeciones por razones de inconstitucionalidad y de inconveniencia.
Entendí, como lo entendieron muchos colombianos indignados, que no podíamos permitir que las normas agregadas o modificadas a última hora entraran en vigor, causando un caos en la rama judicial y generando beneficios y excarcelaciones inmediatas a quienes hoy están investigados por la Justicia.
Tengo la absoluta convicción de que, como Jefe de Estado, era mi deber y mi facultad objetar esta reforma, porque contrariaba abiertamente el espíritu y el fondo de la Constitución que juré cumplir y defender.
En esa misma condición de Jefe de Estado, he convocado al Congreso de la República a sesiones extraordinarias los días 27 y 28 de junio, es decir, mañana y pasado mañana, con el fin de que se ocupe exclusivamente de examinar las objeciones realizadas.
No sólo convoco a estas sesiones porque es mi facultad constitucional sino también porque es mi deber para evitar el caos institucional y judicial que significaría la vigencia de la reforma judicial tal como fue aprobada.
Hoy le pido al Congreso, frente a todos mis compatriotas, que archive este proyecto que, en su redacción final, no sólo es inconstitucional e inconveniente sino que, además, contraría la expresión prácticamente unánime de la opinión pública.
Y a los congresistas que tienen dudas sobre la validez jurídica de este trámite y esta convocatoria, les digo con total claridad y firmeza: ¡YO RESPONDO!
Yo, como Presidente de la República, como Jefe de Estado obligado a cumplir la Constitución, asumo la responsabilidad política y jurídica por las objeciones que he presentado y por las sesiones extraordinarias a que estoy convocando para que las decidan.
Que nadie venga ahora a acusar a los parlamentarios de prevaricato por acudir a unas sesiones extraordinarias convocadas a conciencia y en derecho por el Presidente de la República.
Se trata de un cumplimiento esencial de un deber del poder legislativo en este momento crítico.
El propio Fiscal General de la Nación no sólo ha respaldado la decisión que tomamos de objetar esta reforma, sino que ha enfatizado el hecho de que el voto de los parlamentarios no implica ni puede implicar responsabilidad penal de ninguna clase.
El Gobierno y el Congreso tenemos la obligación de garantizarle al país que, sin necesidad de acudir a vías de hecho, podemos solucionar situaciones como la que hoy vivimos. Tenemos que estar a la altura de este momento histórico.
Siempre hay caminos institucionales para quienes trabajan con la Constitución y por la Constitución.
Que no caigan los congresistas en el juego perverso de quienes no quieren el archivo de esta reforma, no porque les parezca buena, sino porque quisieran ver sembrado el caos y la incertidumbre.
La ciudadanía tiene todo el derecho a manifestar su indignación, a buscar caminos de expresión, y los respetamos.
En lo que a nosotros concierne, como gobernantes y legisladores, tenemos la obligación indeclinable de buscar salidas concretas y valientes a la situación generada por este proyecto.
No vamos a permitir que se ponga en peligro el andamiaje de nuestras instituciones republicanas y democráticas.
Ésta es una hora de deberes y responsabilidades. Por eso he convocado a estas sesiones extraordinarias, y espero que los congresistas –que en su mayoría son gente decente, que fueron ajenos a todo esto y también fueron engañados–, acudan todos a la cita, sin excepción, sin temores, sin dudas, para que examinen las objeciones y archiven el proyecto.
Nada ni nadie puede estar por encima de nuestro deber de preservar y salvaguardar nuestra Constitución.
¡Vamos a cumplir con ese deber!
Buenas noches”.