Por Lorena Agudelo
Periodista
Ministerio del Interior
El acrónimo LGBTI hace referencia directamente a las personas que han construido una libertad de género o han definido una orientación sexual diferente a la establecida. Es así como reúne a Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, esta última letra integra a las personas que poseen características genéticas de hombres y mujeres.
Aunque la mayoría de los casos de discriminación contra la comunidad LGBTI toman forma en las calles, las condiciones que rodean la privación de la libertad hacen más difícil el respeto por la diversidad sexual.
Establecimientos penitenciarios: espacios por la igualdad
En los establecimientos penitenciarios del país se encuentran recluidas, al mes de junio de 2012, 694 personas de la comunidad LGBTI. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, se trata de 302 lesbianas, 123 gays, 172 bisexuales, 95 transgeneristas y 2 intersexuales.
Una acción de tutela presentada por el recluso Erick Yosimar Ortiz Lastra, quien es transexual, buscaba que se le permitiera lucir el cabello largo dentro del establecimiento argumentando el desarrollo de la libre personalidad. Este hecho dio origen a la sentencia T-062 de 2011, donde la Corte Constitucional ordenó "adelantar campañas de sensibilización y capacitación a los funcionarios, personal de guardia e internos de establecimiento, sobre la protección de los derechos constitucionales de los reclusos y reclusas de identidad u opción sexual diversa... entre otras".
En cumplimiento de esta decisión y de la obligación propia que tiene el Estado de proteger los derechos fundamentales, el Ministerio del Interior por medio de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías junto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, adelantan desde el 19 de julio de 2011 jornadas de sensibilización dirigidas al personal administrativo y de custodia, así como a los internos, bajo la premisa de que la condición sexual que cada persona elija no debe ser objeto de discriminación ni de violación de los derechos humanos.
Estas jornadas contaron con la participación de Diana Navarro SanJuan, una transgenerista que trabaja para que los integrantes de la comunidad LGBTI que se encuentran recluidos recuerden que “no son diferentes y que tienen los mismos derechos de cualquier ser humano”.
“Tenemos que llegar a las personas, educar a la comunidad, eso nos corresponde a nosotros. El ejemplo de nuestras vivencias puede ser una buena herramienta de educación, demostrándole a todos que tenemos las mismas capacidades y habilidades que cualquier otra persona”, cuenta Navarro Sanjuan, quien explicó que la capacitación desarrollada en los establecimientos penitenciarios de Bogotá, Cali, Jamundi y Yopal giró en torno a los conceptos de la población LGBTI y al marco legal que rige las cárceles.
La coordinadora del Grupo de Derechos Humanos del Inpec, Ivonne Juliana Lagos Díaz, destacó que la labor emprendida en las cárceles del país ha permitido “romper ciertos paradigmas sociales que se presentan no solo en los establecimientos de reclusión sino fuera de ellos”.
“Es un trabajo muy importante de reconocimiento de los derechos humanos al interior de los establecimientos de reclusión. Ha sido un proceso de construcción, de aprendizaje continuo pero obviamente de fortalecimiento institucional y de los derechos humanos de los privados de la libertad” afirmó Lagos Díaz.
Si bien los cambios se dan de manera gradual, para Álvaro Antonio Rodríguez o Paola (transexual), como se le conoce en la cárcel La Modelo de Bogotá, gracias al proceso que viene liderando el Ministerio del Interior con el Inpec “las cosas son a otro precio”.
“Todo ha cambiado bastante. Antes cuando uno entraba lo calviaban. El cabello es parte de la identidad de nosotros y al cortarlo nos están quitando un derecho. Podemos tener nuestro maquillaje y ahora sí nos están dejando vestir como queremos, pero con una excepción, nada de minifaldas, solo pantalón” resaltó Paola.
No obstante, ella sostiene que a las autoridades carcelarias aun “les falta más sensibilidad”, que se acerquen más a ellos, “porque de todas maneras son seres humanos”.
La segunda etapa de las campañas de sensibilización iniciará en julio. Según Julián David Vásquez, funcionario de la Dirección para Asuntos Indígenas, Rom y Minorías de la cartera política, estas nuevas jornadas se enfocarán en que “la libertad sexual no debe ser un estigma”.
“Trabajamos para que en los establecimientos de reclusión la población LGBTI tenga un trato acorde con su dignidad humana y se les respete sus orientaciones sexuales. La segunda etapa de las campañas de sensibilización tendrán procesos enfocados en el tema de convivencia e intervención en el área de salud pública tanto para los internos como para los funcionarios”, señaló Vásquez.
Construcción de la Política pública de la comunidad LGBTI
Además de las jornadas de capacitación emprendidas en los establecimientos penitenciarios en busca de la reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTI, otro de los compromisos adquiridos por el Ministerio del Interior la construcción de la política pública.
Gustamber Guerrero Ortiz, integrante y activista de esta comunidad, afirmó que los brazos están abiertos para recibir todas las propuestas y programas que el Estado colombiano quiera emprender para visibilizar a esta población.
“El Ministerio del Interior viene liderando la formulación de la política pública nacional LGBTI en Colombia. Ha sido muy interesante, porque los procesos de consulta participativa se han desarrollado con todos los sectores sociales LGBTI del país mediante encuentros regionales y nacionales”, señaló Guerrero Ortíz.
“La política pública se construye en conjunto con esta comunidad. El eje fundamental de la política pública es: antes de ser lesbiana, antes de ser gay, antes de ser bisexual, antes de ser transexual, antes de ser heterosexual, antes de ser hombre, antes de ser mujer soy un ser humano y cuando soy un ser humano tengo unos derechos que tienen que ser respetados” señaló el director de Asuntos Indigenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior, Pedro Santiago Posada.
No obstante, pese a los logros alcanzados, Posada afirmó que el mayor obstáculo que tiene la construcción de esta política es no tener un líder que represente a la comunidad LGBTI en su conjunto.
“Las letras representan situaciones diversas. No hay una organización ni hay un movimiento que tenga una representación o una vocería exclusiva, es por ello que el trabajo se hace participativo, tratamos de llegar al mayor número de organizaciones, con el mayor número de activistas, teniendo presente que es posible que no alcancemos a llegar todos pero si a una muestra representativa, que permita crear una oportuna política pública”, puntualizó el funcionario.
Actualmente y de manera paralela al proceso de formulación de la política pública, el Ministerio del Interior brinda atención integral y especializada a los casos de vulneración de derechos humanos, por medio de la Mesa de casos urgentes, la cual facilita hacer seguimiento a los mismos y entablar relaciones o diálogos interinstitucionales en aras de proteger a la comunidad LGBTI.