La dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior desarrolla un plan piloto de juicios con carácter pedagógico que permite a los operadores de justicia (jueces, abogados, e incluso integrantes de la Fuerza Pública) reconocer los casos y tener claro cuándo deben imputar el delito de Trata de Personas.
Desde 2007 la dependencia ha capacitado a 626 funcionarios de las sedes regionales de la Fiscalía General, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, así como funcionarios de la rama judicial y servidores públicos.
La directora de Gobierno y gestión territorial, Sandra Devia, destacó que en los últimos tres años y gracias al trabajo mancomunado con la Fiscalía General de la Nación se lograron 50 sentencias condenatorias por el delito de trata de personas en Colombia, pero aclaró: “no son suficientes”.
“También hacemos un trabajo muy importante con la Policía Judicial (Dijin) ya que es la encargada de llevar a cabo los operativos, en promedio unos 15 por semestre, un buen indicador”, explicó la funcionaria.
Junto al trabajo interinstitucional para la investigación y judicialización de este delito están la protección y atención de quienes sufren los rigores de este flagelo. Uno de los instrumentos empleados por el Ministerio del Interior es la Línea Nacional Gratuita contra la Trata de Personas 01 8000 52 2020, la cual ha significado un gran avance para la detección de posibles casos y el estudio de la dinámica del fenómeno.
Esta Línea recibe llamadas nacionales e internacionales y tiene el propósito de brindar información clara sobre el delito de Trata de Personas: sus modalidades, los factores de riesgo y los modos seguros de viajar entre ciudades de Colombia y hacia el exterior; así como de recibir información acerca de posibles casos de trata.
El informe ‘2012 Trafficking in Persons Report’ señala que Colombia es uno de los cuatro países --junto con Nicaragua, Estados Unidos y Canadá--, en emplear las herramientas adecuadas para la prevención, judicialización y protección a las víctimas de trata de personas.
“El Gobierno de Colombia cumple a cabalidad con las normas para la eliminación de la trata de personas” y agrega que el país “mantuvo fuertes acciones en contra de las organizaciones transnacionales de trata con fines de explotación sexual y continuó asociándose con organizaciones internacionales en los esfuerzos de prevención”, aseveró el informe, presentado la semana pasada.
El informe analiza el comportamiento de 186 gobiernos contra la trata de personas y destaca anualmente las prácticas comprobadas e innovadoras para proteger a las víctimas.
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