La Ley 790 de 2002, que establece entre otras, la fusión del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y del Derecho, determina en su artículo 7º, el número, orden, denominación y precedencia de los Ministerios, ubicando en primer lugar al del Interior y de Justicia, localización que deja ver la relevancia que, tiene esta cartera.

En este sentido, el contexto político y social del país, ubica al Ministerio en un lugar estratégico y prioritario en el marco imperativo de las líneas de acción, objetivos y retos planteados para el 2010 y 2019, tanto en el Plan de Desarrollo anterior y el actual, así como en el Documento Visión Colombia 2019.

Documentos que abordan la importancia crítica de cinco temáticas cruciales para la Nación y de gestión del Ministerio, bien sea como orientador, en el caso de la consolidación de la democracia, el logro de un servicio de justicia equitativo y eficiente, el fortalecimiento de la descentralización y adecuación del ordenamiento territorial; o como cooperador, en relación con el alcance de la paz y la gestión transparente y eficiente del Estado, en el manejo soberano de la política exterior y en la protección a la vida, honra y bienes de los ciudadanos, como áreas principales de intervención del Estado, señaladas en el marco legal que guía su ser y hacer.

Al respecto del ser y hacer del Ministerio, cuando el Documento Colombia Visión 2019 menciona en el capítulo 5º como un fin “Asegurar la vigencia del Estado Social de Derecho” surge la competencia del Ministerio del Interior y de Justicia como orientador de la política en materia jurídica, de justicia, de gobierno, de convivencia y de protección de los derechos humanos, entre otras, abordadas igualmente en el Plan Nacional de Desarrollo, en sus apartados de Rediseño y Fortalecimiento Institucional del Sector Justicia, modernización del servicio de justicia; apoyo a los mecanismos de justicia transaccional, fortalecimiento del sistema penal y lucha contra la impunidad, lucha contra las drogas, modernización y fortalecimiento del Sistema Penitenciario y Carcelario; integración y articulación de los servicios de justicia para mejorar el acceso, la gestión jurídica pública y el ordenamiento jurídico.

En relación con el ordenamiento jurídico, el imperativo es la implementación de metodologías, de producciones normativas y manuales de técnica legislativa, la generación de investigación socio jurídica supliendo la falta de estudios sistemáticos que permitan determinar cuáles normas dentro del ordenamiento jurídico cumplen el fin previsto, y cuáles carecen de impacto, eficacia, eficiencia y efectividad. De otra parte el accionar en materia de gestión jurídica pública se debe en caminar a la consolidación en el Estado de un modelo de gestión jurídica pública.

Las temáticas específicas mencionadas, se abordan a profundidad en el estudio técnico del Viceministerio de Justicia. 
Ahora bien, en cuando a la consolidación de la democracia y la convivencia, se enfoca la atención en aspectos como la atención a las minorías y en los que se relacionan en esencia con la convivencia y seguridad ciudadana, la participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas y la búsqueda de generación de garantías y transparencia en los procesos de elección.

En el marco de la participación ciudadana y comunitaria, las directrices están referidas a la democratización tanto de la política como de las instancias de organización y participación de la sociedad civil, a la promoción de la construcción de una nueva cultura de lo público, y al afianzamiento de las veedurías ciudadanas.

Por otra parte, en cuanto a la descentralización, otro eje de acción del Ministerio, su accionar se encamina a reconocer las particularidades regionales y promover su desarrollo local y regional, de tal forma que el componente territorial sea tenido en cuenta en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas sectoriales públicas a nivel nacional.

Otro de los temas en el que el Ministerio es su actor principal, es el relacionado con la administración del riesgo, el cual se ha centrado y continuará en el sentido de implementar programas enfocados a la prevención, la seguridad y la atención.

Al igual que en el tema de justicia las temáticas relacionadas con gobierno  se abordan a profundidad en el estudio técnico del Viceministerio del Interior. 

Finalmente, el control de tutela administrativa de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio, y la colaboración, enlace y articulación de la formulación, seguimiento y control a la implementación de las políticas de la Rama Judicial. 

En cuanto al direccionamiento estratégico, el despacho del Ministro se posiciona institucional y sectorialmente como “cabeza rectora y orientadora”, con los Viceministros y Secretario General fijando líneas y directrices y el norte de los planes, programas y proyectos, y desde el punto de vista del direccionamiento operativo son sus Viceministerios y la Secretaria General a través de sus dependencias, quienes lo materializan. 

Ahora bien, desde el despacho del Ministro se coordina igualmente el tema de la seguridad, abordado desde dos enfoques: el esquema de seguridad del Ministro y el enlace con la Policía Nacional. Estas áreas son actualmente asumidas con la asesoría y enlace con la Policía Nacional, a cargo de dos funcionarios de alto nivel de dicha Entidad, los cuales se encuentran al mando de dos (2) equipos conformados con personal externo al Ministerio.